Uno de los jueces pidió ser apartado de la causa por razones de salud. El imputado Demarchi solicitó la nulidad de lo actuado, pero los magistrados desestimaron el planteo.
Tras trece meses de debate y la declaración de unos 200 testigos, el denominado juicio CNU (Concentración Nacional Universitaria), donde se juzga a ocho civiles y un militar retirado por la conformación de una asociación ilícita y ocho crímenes cometidos en 1975, entra en su etapa final. A partir del 13 de septiembre, comenzarán a escucharse los alegatos de las querellas, luego será el turno del Ministerio Público Fiscal, para dar paso a las defensas.
Se resolvió habilitar al cuarto juez, Alfredo Ruiz Paz, como integrante del Tribunal, ante la imposibilidad del juez Elvio Osores Soler de seguir concurriendo a las audiencias por cuestiones de salud, al entender que este impedimento se va a postergar en el tiempo. De esta manera, Ruiz Paz se suma al estrado, junto a Luis Imas y Víctor Bianco, quien preside el debate.
En la última audiencia el imputado Gustavo Demarchi pidió la nulidad del debate, al entender superados los plazos de suspensión de las audiencias. La cuestión fue contestada por el Ministerio Público Fiscal, en la palabra del fiscal general Daniel Adler. “Estamos llegando al final del debate y sorprende que salgamos con una cuestión procesal de menor cúneo. Desde la cuestión normativa, no puede haber nulidad sin agravio, y no se ha manifestado la posibilidad de indefensión”, sostuvo al solicitar el rechazo del planteo. La querella de la APDH, a cargo de César Sivo, entendió que la situación evidenciaba la inconveniencia de que Demarchi siguiera autodefendiéndose.
Tras una deliberación, los jueces resolvieron rechazar el planteo de Demarchi, en consonancia con lo requerido por el MPF y una de las querellas. En su resolución, por unanimidad, plantearon que nunca transcurrió el plazo extraordinario de suspensión al que alude el artículo 365, dado que hubo una comunicación telefónica con el secretario del Tribunal cuando venían en viaje. La certificación realizada por este funcionario judicial, dijeron, “zanja definitivamente la cuestión que inquieta al impugnante”, y recordaron que el propio codefensor del imputado reconoció que fue notificado telefónicamente por el secretario. Además, sumaron que “la impugnación no se hace cargo del supuesto gravamen”. “La nulidad por la nulidad misma, no puede sino derivar en el rechazo in límine del artículo”, señalaron.
El juicio se reanudará los días 13, 14 y 15 de septiembre, en las audiencias previstas para los alegatos de las querellas, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), la Universidad Nacional de Mar del Plata, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires.